La Defensa Pública de Río Negro contará con una nueva estructura de coordinación, luego de que la Legislatura aprobara este jueves, por unanimidad, el proyecto de ley que crea ocho cargos de defensores coordinadores, distribuidos entre los fueros Civil y Penal de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Juan Carlos Martín y Juan Sebastián Murillo Ongaro, modifica distintos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (K N° 4199) y establece una instancia jerárquica intermedia entre la Defensoría General y los defensores que intervienen directamente en los procesos judiciales.

Los nuevos funcionarios estarán distribuidos en las circunscripciones con cabeceras en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Cada una contará con un defensor coordinador del Fuero Penal y otro del Fuero Civil.

El objetivo es descentralizar responsabilidades, mejorar la supervisión de los equipos de trabajo y fortalecer la asistencia jurídica, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Una estructura que necesita reorganizarse

Uno de los principales fundamentos de la reforma es el crecimiento que experimentó el Ministerio Público de la Defensa durante los últimos años.

Actualmente, el organismo cuenta con 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos que dependen directamente de la Defensoría General. Sin embargo, la estructura administrativa de esta última está integrada por apenas siete personas, entre empleados y funcionarios.

Según los autores del proyecto, esta situación dificulta las tareas de coordinación, supervisión y gestión del personal, además de limitar las posibilidades de planificación de políticas institucionales.

Los nuevos coordinadores asumirán responsabilidades administrativas, como la organización de equipos, la autorización de licencias y el seguimiento de requerimientos, pero también tendrán funciones vinculadas directamente con la actividad judicial.

En el ámbito penal podrán intervenir en juicios por jurados, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y realizar visitas a establecimientos penitenciarios para controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de su libertad.

En materia civil, participarán en recursos judiciales, coordinarán equipos de trabajo y podrán intervenir en visitas a instituciones que alberguen a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Pica: “Darle robustez a la defensa”

Durante el debate legislativo, Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) explicó que la reforma apunta a garantizar la denominada “igualdad de armas” entre la acusación y la defensa dentro del sistema acusatorio vigente en la provincia.

“Lo que nosotros estamos hoy propiciando es darle robustez a la defensa, de la misma manera que venimos dándole potencia y robustez, en el sistema de persecución penal rionegrino, a las acusaciones, a la Fiscalía”, sostuvo.

El legislador recordó que la Legislatura avanzó en distintas reformas destinadas a fortalecer la persecución penal y otorgar mayor protagonismo a las víctimas de delitos.

Entre ellas mencionó la incorporación de la reiterancia delictiva, modificaciones al régimen de prisión preventiva y restricciones a las salidas transitorias para personas condenadas por delitos graves.

En ese contexto, consideró necesario fortalecer también la estructura de la Defensa Pública mediante la incorporación de funcionarios que permitan mejorar la organización del trabajo y la conducción de los equipos.